Por PUBLIO RICARDO CORTÉS C.*
16 de Junio 2022
“Encenderás un cigarrillo, a pesar de las advertencias del médico, y le repetirás a Padilla los pasos que integraron esa riqueza. Préstamos a corto plazo y alto interés a los campesinos del estado de Puebla, al terminar la revolución; adquisición de terrenos cercanos a la ciudad de Puebla, previendo su crecimiento; gracias a una amistosa intervención del presidente en turno, terrenos para fraccionamientos en la ciudad de México; adquisición del diario metropolitano; compra de acciones mineras y creación de empresas mixtas mexicano-norteamericanas en las que tú figuraste como hombre de paja para cumplir con la ley; hombre de confianza de los inversionistas norteamericanos; intermediario entre Chicago, Nueva York y el gobierno de México; manejo de la bolsa de valores para inflarlos, deprimirlos, vender, comprar a tu gusto y utilidad; jauja y consolidación definitivas con el presidente Alemán: adquisición de terrenos ejidales arrebatados a los campesinos para proyectar nuevos fraccionamientos en ciudades del interior, concesiones de explotación maderera. Sí –suspirarás y le pedirás un fósforo a Padilla– , 20 años de confianza, de paz social, de colaboración de clases; 20 años de progreso, después de la demagogia de Lázaro Cárdenas, 20 años de protección a los intereses de la empresa, de líderes sumisos, de huelgas rotas.”
CARLOS FUENTES, La Muerte de Artemio Cruz.
¿De dónde venimos en Panamá en el tema de la corrupción?
Pues, en realidad, el camino ha sido largo y lo que tenemos hoy se ha venido construyendo con mucho empeño, por generaciones.
En las últimas décadas del control español en Panamá (y venía desde antes) los cargos públicos, siguiendo la tradición borbónica, se conseguían comprándolos y solamente podían tener acceso a ellos quienes tenían contactos y los podían pagar. ¿Será que solamente los compraban para tener la distinción? Claro que no. Era para tener poder y monetizar el mismo. Se compraban como inversión. De la misma forma en que hoy muchos financian campañas políticas.
La época de unión a Colombia tuvo su propio estilo, pero de que había corrupción la había.
Tomemos ahora al azar tres ejemplos del mundo del Panamá ya independiente, en el periodo que va de 1903 hasta el golpe militar de 1968.
En 1911, en medio de conflictos políticos internos y como un caso más de la común genuflexión ante Estados Unidos de la élite política, el Presidente interino PABLO AROSEMENA trata de conseguir al apoyo del Presidente TAFT y le escribe una carta donde le confirmaba que había aceptado la postulación para Presidente y le hablaba de sus logros en el poco tiempo en que había estado encargado de la Presidencia, entre los cuales destaca: “el haber combatido el juego, el vicio, la criminalidad y los contratos”(Pizzurno y Araúz, ESTUDIOS… p.61).
Se invoca pues, un discurso anti-corrupción. Claramente se refería a contratos irregulares, porque los contratos legítimos que el Estado tiene que hacer no se combaten. Y si los puso al nivel de los vicios y la criminalidad, es evidente a lo que se refería.
Demos un brinco a 1928. En un mensaje a la Nación, el Presidente RODOLFO CHIARI expresaba su preocupación por la dilapidación de las propiedades del Estado y se quejaba así: “No hay exageración en afirmar que estamos comprometiendo el porvenir de la República que lo sacrificamos por un plato de lentejas. Nuestras tierras se venden dondequiera por precios ridículos y por áreas que no tienen limitación, que fija el comprador a su antojo, y que destina después comúnmente a la especulación o a la inercia. Con el arrendamiento de nuestros bosques nacionales ocurre algo parecido: por un canon ínfimo arrienda la Nación millones de hectáreas por veinte años” (Op. Cit. p.145).
Es lo mismo que vemos hoy cuando los poderosos, políticos o no, han usado la influencia para titular tierras a dos reales, comercializar en el mercado negro la madera del Darién o consiguen concesiones portuarias que generan una miseria al Estado, con el cuento de que deben recibir “incentivos”, cuando realmente nuestra posición geográfica para poner puertos es tan valiosa, que no hay que darle incentivos a ninguna empresa para que quiera establecer un puerto en Panamá.
1941. En el mes de noviembre el Embajador de Estados Unidos en Panamá, EDWIN C. WILSON, reportó a Washington la situación del nuevo gobierno de RICARDO ADOLFO DE LA GUARDIA. En una parte dice que uno de los grandes males de esa administración era el nepotismo, destacando que: “el hermano del Presidente es Ministro de Gobierno, otro hermano, Roberto, fue nombrado cónsul en Nueva York, el cargo más lucrativo del servicio exterior. Una hermana del Presidente está casada con el Doctor y ex-Presidente Augusto Samuel Boyd, la otra con Jaén Guardia, Embajador en Washington. El hermano de Augusto, Jorge Boyd, fue nombrado Ministro en México, Augusto fue nombrado Secretario privado del Presidente. Un hermano menor del Ministro de Relaciones Exteriores fue nombrado vicecónsul en Nueva York. Se oye decir frecuentemente que Panamá está gobernada por los De la Guardia y los Fábrega.” (Op. Cit. p.312). Lo único que ha cambiado, es que el nepotismo actual es multiclasista. Por lo demás, la cosa parece estar bastante parecida.
En 1968 hay un golpe militar. La dictadura promete cambiar todos los vicios del pasado. La realidad es que la corrupción siguió. La lista de escándalos es abrumadora. “Todo cambió para que nada cambiara”, parafraseando al personaje de GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA. Muchos de los mismos que hacían los “negocios” con el poder antes de 1968 se mimetizaron y se mezclaron con otros sectores emergentes.
En el nuevo orden la fiesta continuó: escándalo del proyecto de viviendas de la Caja del Seguro Social; puestos públicos para los conectados; embajadas para los lambones; tierras y concesiones para los amigos de los militares; la piñata de casas del área revertida, incluyendo en la vuelta a uno que otro Legislador de oposición; narcotráfico y lavado de activos en los viejos “años locos” iniciales del Centro Bancario; financiamiento con dinero público para un puerto en Azuero que nunca se terminó y hasta un pro hombre civilista comerciando con el acceso “exclusivo” a playas que la Ley califica como públicas.
Llegó la democracia después de la invasión de 1989. Llegó el “Panamá decente” que con separación de poderes y respeto a los derechos humanos acabaría con la corrupción de la dictadura. Sin embargo, luego de unos intentos iniciales, las corrientes profundas de la sociedad panameña salieron nuevamente a flote:
De nuevo las embajadas para los amigos, incluyendo asesores “diplomáticos” en Washington nombrados por amiguismo y sin gestión conocida; lo mismo con los nombramientos en la Junta Directiva del Canal de Panamá; helicópteros hundidos en situaciones sospechosas; semáforos “inteligentes” para Obarrio, regadíos inconclusos y millones invertidos en la República Dominicana; casos judiciales mal investigados para que quedaran en nada; carreteras con fondos públicos para subir el valor de propiedades privadas, sin pagar tasa de valorización; conflictos de interés evidentes en proyectos de construcción, incluyendo la ampliación del canal; el eterno asunto de los camiones de la basura; costos incomparables por Km de la línea del metro; privatizaciones que fijaron oligopolios por Ley; negocios turbios con el baloncesto y el baseball; la fiesta de la empresa brasileña que fue amiga de todos, sin distinción, en fin, otra vez: “Todo cambió para que nada cambiara”.
Hoy existe una legítima frustración por la corrupción “de la democracia”, es decir, por los escándalos de los gobiernos de los últimos 30 años. Pero el enfoque sería limitado si actuamos como “sorprendidos” por la novedad del problema. La verdad es que seguimos EN LO MISMO DE SIEMPRE… desde antes de 1903.
Tanto algunas de las grandes y medianas fortunas de hoy, como algunos apellidos de “raingambre de estadistas”, no son más que hijos, nietos o bisnietos de la corrupción política y privada de antes de 1968, de la dictadura militar y también de los 30 años de democracia.
Lo que pasa es que el transcurso del tiempo ya borró muchas de las pruebas y ahora aquellos que son descendientes de la ancestral corrupción política y privada, ya son gente “decente”. Porque así somos los panameños: si tienes dinero, al final del camino, serás admitido. Nunca tan apropiada la frase que le escuché a un gran economista panameño, quien comentó que “en Panamá se vive bien por la mala memoria y el aire acondicionado”.
Recordar esta realidad de la corrupción como asunto ININTERRUMPIDO en la historia de la sociedad panameña, es fundamental. Porque esto nos pone sobre la mesa un dato ineludible y es que, si el problema de la corrupción siempre ha estado y es ancestral, la solución no es fácil ni automática.
El reto es más complejo y no se resuelve con lamentos autocomplacientes en redes sociales ni solamente llevando al cadalso a un grupo de personajes odiosos para que expíen, por abusivos, los pecados de toda la sociedad. Revisemos un poco más a fondo el estado actual de la conversación.
Situación actual del debate sobre el tema de la corrupción en Panamá.
Muchos hablan de la corrupción como la raíz de absolutamente todos nuestros problemas y, por consecuencia, el vicio que, de resolverse, también dará solución a todos los asuntos que nos impiden ser una sociedad próspera y feliz. Sin embargo, el término “corrupción” se utiliza de forma vaga, asumiendo que ya todos sabemos a qué se está refiriendo quién habla, aunque muchas veces se aplica a realidades muy distintas entre sí.
Alimentado por la presión de los medios, la manipulación política, la ineficacia del sistema de justicia y la dinámica del sapeo y el morbo, existe un constante ciclo denuncia-histeria-lamento-frustración… y vuelve y empieza con otra denuncia… y sigue el ciclo, in crescendo, sin solución de continuidad, ad infinitum, como BOLÉRO, la célebre composición de J.M. RAVEL, pero al doble de la velocidad, y que –de seguir así—nos llevará a un paroxismo de descreimiento y maniqueísmo colectivo de tales dimensiones, que pronto provocará tribunales callejeros y guillotinas comunales !!!
De forma selectiva y muchas veces por táctica política de descalificación, se limita la corrupción como si fuera un vicio reservado a “la clase política”, cuando todo el mundo sabe que, para usar un término de moda, las “élites extractivas” están claramente formadas tanto por políticos como por empresarios.
Ahora bien, esa canalización estratégica del odio a la corrupción, solamente centrada en “los políticos”, permite, no solo que aquellos que hacen política “desde fuera”, traten de catalizar a su favor las pasiones, sino que también es de mucha utilidad para los miembros de la secta de los enfermos de ideología que andan por allí, promoviendo el desmonte de los débiles pilares de nuestro Estado de Bienestar, bajo el argumento de que es mejor reducir a su mínima expresión la presencia del Estado en el sistema económico, por lo menos hasta que se elimine la corrupción.
Claro, eso se dice a sabiendas de que se trata de un problema de no fácil solución, pero se insiste en ello para aprovechar la ola y promover su radicalismo de desregulación, libertinaje económico y copamiento del sector privado de todos los espacios. Se racionaliza y defiende el status quo de desigualdad, en honor a un culto al viejo cuento de la “mano invisible”, ya superado por la Historia, excepto para los incautos que se enteraron ayer de su existencia. Unos lo hacen por defender su claro posicionamiento dentro de la élite económica, mientras que otros simplemente por imitación y alienación.
Ahora bien, también es verdad que el discurso simplista y selectivo contra la corrupción es muy fácil de invocar, cuando se observa el cinismo bastante importante de muchos dirigentes políticos que actúan como si no existiera la corriente de opinión relevante de rechazo a la corrupción política y como si pudieran seguir operando exactamente con el mismo descaro y la impunidad de décadas atrás, cuando no existía la sensibilidad de hoy ni el poder de las redes sociales con capacidad de denunciar en tiempo real.
Consecuencia inmediata del ya mencionado falso encasillamiento del problema de la corrupción en manos de “los políticos”, es el surgimiento de un movimiento minoritario pero muy vocal del electorado que exalta las corrientes “independientes” o separadas de los partidos políticos. Como si participar en política, bajo un modelo de organización diferente a un partido político fuera, per se, una vacuna contra la corrupción.
Dicha corriente electoral también asume, sin evidencia científica de ningún tipo, que una mayoría estadística de panameños votantes, supuestamente rechazarían con sus hechos y actuaciones en el mundo real, los elementos que estructuran el ecosistema de la corrupción pública y/o privada.
Según veo, ni siquiera se plantean como una posibilidad que una mayoría de votantes silenciosos podrían estar a favor de uno, algunos o de todos los mecanismos que mantienen con buena salud la corrupción pública y privada. No se ponen a pensar que, si ese fuera el caso, el discurso radicalizado contra la corrupción sería una amenaza para esos sectores. Por ejemplo: el que se mete en política o vota en las elecciones para conseguir un trabajo en el gobierno, no se sentirá identificado con ningún candidato que tenga en su discurso la promesa de no hacer nombramientos políticos.
De ser mayoritario ese sector silencioso, la radicalización del discurso contra la corrupción podría disminuir la capacidad de captar votos para el candidato que use ese discurso. Las elecciones son cuantitativas y no siempre “calidad” y cantidad de votos van de la mano. Sobre todo, por cuanto el concepto de “calidad” del votante es sumamente subjetivo y hasta podría implicar una ilusa y solapada visión discriminatoria.
Para mí, uno de los más anecdóticos capítulos del debate del tema de la corrupción en Panamá, es la oportunidad que brinda para el exhibicionismo, asunto que satisface a más de cuatro egocentristas que les fascina ofrecerse como “modelos de virtud” para la sociedad entera.
No es extraño ver vedettes en las redes sociales, muchos de ellos descendientes de las versiones panameñas de ARTEMIO CRUZ, rasgándose las vestiduras en el plató de la opinión pública, lamentándose de la corrupción, en el mismo tono quejumbroso que usaba la mamá de LIGIA ELENA, cuando se enteró de la noticia de la fuga de su hija con aquel trompetista de salsa. Luego de lo cual ponen a disposición de la colectividad, el modelo de su conducta ciudadana y la de todos sus ancestros hasta el origen del mundo, como faro divino de transparencia que todos debemos aplaudir y emular.
No sé por qué me recuerdan tanto a las parejas que dictan cursos pre-matrimoniales, embebidas en su autocomplacencia de “devota pureza”, explicando desde las alturas a los simples mortales, que es perfectamente posible vivir una vida sexual activa, sin tener hijos, usando el método “natural” de la abstinencia periódica.
Desde la perspectiva de las propuestas de solución al problema de la corrupción, las posiciones oscilan entre dos polos. Por un lado, están los que piensan (o quieren hacer pensar), que solamente cambiando a los líderes políticos “tradicionales” y poniendo gente nueva y honesta a la cabeza del Estado, el problema se resuelve. Para estos el asunto es de liderazgo “decente”, porque la gran masa se considera simplemente víctima del problema.
Otro enfoque, que no necesariamente excluye al anterior, apuesta por cambios jurídicos, a nivel legal y constitucional, para establecer más controles y medidas a favor de la transparencia, tales como reformas a la ley de contrataciones públicas y la prohibición de la reelección inmediata de los Diputados.
La hipótesis de fondo en que se basa mi opinión, es que los anteriores campos de acción, aunque necesarios, no serán suficientes para realmente lograr un impacto importante en el camino para reducir a niveles controlables el problema de la corrupción.
¿Un liderazgo nuevo y honesto es suficiente para lograr un cambio al problema de la corrupción?
Una sociedad democrática se puede beneficiar de líderes nuevos y honestos en los cargos públicos. Tristemente, sin embargo, el liderazgo nuevo y honesto no es garantía de un impacto realmente importante en la lucha contra la corrupción. Podría ayudar, pero yo no fijaría demasiadas esperanzas en ello, en primer lugar, porque la honestidad y el noviciado, no aseguran que los planes y ejecuciones concretas de ese liderazgo vayan por el camino que el país necesita.
Por experiencia pienso que el problema de la corrupción en Panamá es estructural y toca todos los niveles de la sociedad. Una persona o grupo de personas honestas en la cúspide no serán suficientes, incluso si sus planes son los apropiados (lo cual es una gran incógnita).
Si ese tipo de liderazgo logra el control, algunos se sentirán desahogados, pero vaticino que, después de los fuegos artificiales, el tiempo demostrará la verdad de lo que digo. Especialmente porque no hay ningún motivo para pensar que ni las causas profundas de la corrupción cambiarán tan rápido ni tampoco que el juego de mayorías en la Asamblea Nacional, será realmente favorable a los cambios.
Las viejas y poderosas corrientes que alimentan la corrupción política en Panamá no se resuelven solamente con la “fuerza del ejemplo”. Tampoco es asunto de un solo periodo presidencial.
¿Serán los cambios jurídicos suficientes para frenar la fuerza de la corrupción?
Este tipo de cambios, de darse, podrían ser también de un impacto interesante, pero tampoco serían suficientes.
En el caso de los cambios constitucionales, los mismos son realmente difíciles de hacer. Pensemos, sin embargo, que estos se logran. A la hora de la práctica lo más relevante es que la sociedad tenga las instituciones sólidas para que la Ley se aplique.
Pongamos el caso del cambio constitucional introducido en 2005, sobre el actual artículo 203, según el cual “no podrá ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia… quien haya ejercido cargos de mando y jurisdicción en el Órgano Ejecutivo durante el periodo constitucional en curso”. Después de ese cambio fue nombrado un Magistrado que había sido viceministro de un gobierno en curso. Para favorecerle el camino, se inventaron la tesis de que la norma no aplica cuando se trata de un “encargado”. Yo tuve ese mismo cargo una vez en calidad de “encargado” y luego de “titular” y les puedo asegurar que las funciones que ejercí de mando y jurisdicción se aplicaron exactamente igual en ambas situaciones. Los actos administrativos firmados tuvieron el mismo efecto jurídico. Es más, la distinción entre titular o encargado no está en la Constitución.
Allí tenemos la Ley de Contrataciones Públicas plagada de normas que hablan de transparencia, por cuanto la forma en que se gastan los fondos públicos y la información de a quién llegan los pagos, es un asunto de interés ciudadano y todos tenemos derecho a enterarnos. Pues bien, pese a ello, haciendo gala de malabarismos jurídicos, la Corte Suprema de Justicia ha declarado que no es de conocimiento público la información sobre quiénes son los beneficiarios finales de las personas jurídicas que le venden al Estado, datos que supuestamente están en manos de la Dirección General de Contrataciones Públicas.
Para el Pleno de la Corte, la sacrosanta privacidad de las personas jurídicas es más importante que el interés general del ciudadano de saber quién recibe pagos del Estado por la vía de contratos públicos, cuando se usan personas jurídicas de por medio.
Cambiar la Ley en un país con institucionalidad tan paupérrima, parece ser insuficiente. Igual de relevante es el hecho que la utilización de las herramientas de la tecnología a favor de la transparencia está bastante atrasada. Y no es por falta de recursos.
La corrección de los vicios evidentes del modelo económico como jugada realmente más impactante en el combate a la corrupción.
En un mundo ideal, sería bueno que tuviéramos dirigentes honestos con planes de gobierno orientados en la dirección correcta y que podamos realizar los cambios jurídicos legales y constitucionales que pongan barreras a la corrupción y favorezcan la transparencia.
Pero para que de verdad se pueda avanzar, a mediano y largo plazo, en la disminución del peso de la corrupción sistemática que hoy nos agobia, hay que agregar un tratamiento de fondo al problema de la desigualdad de oportunidades que es la esencia de la distorsión de nuestro sistema económico y que es la principal fuente de carburante del motor de la corrupción pública y privada. Ampliemos un poco más el punto.
En 2020 la CEPAL publicó en Santiago, el informe “La matriz de la desigualdad social en Panamá” (serie Políticas Sociales, N° 236 (LC/TS.2020/121). Muy interesante lectura y datos fríos. Antes de ello se habían publicado otros estudios comprensivos que también contemplaban el tema de la desigualdad. Destaco entre ellos los 3 volúmenes publicados en París por el Centro de Desarrollo de la OCDE bajo el título “Estudio Multidimensional de Panamá”. En todos esos documentos, los cuales están disponibles gratuitamente en Internet para cualquiera, se observa que el tema de la desigualdad es una constante inevitable para cualquier analista de la realidad de Panamá. Sorprende sobre manera que no sea objeto de debate político en su real profundidad y no me refiero a esos mensajes lastimeros para los bolsones importantes de votos que envuelve la pobreza.
Solamente usaremos 3 datos del informe de la CEPAL. Dos sobre la desigualdad por estratos sociales y uno sobre la desigualdad regional:
América Latina es la región más desigual del mundo y con cifras en promedio de 2018 tenemos que el 10% de la población más rica, recibe 11.6 veces más ingresos que el 40% de la población más pobre. Pues bien, Panamá está peor que eso, porque en nuestro país el 10% de la población más rica recibe 12.9 veces más ingreso que el 40% de la población más pobre. Y antes era peor. Esa visión de la desigualdad panameña es ratificada por el coeficiente GINI, el cual mide la desigualdad desde 0 a 1, entendiendo que 1 es la máxima desigualdad. El hecho es que el promedio de la región más desigual del mundo fue de 0.46. Panamá vergonzosamente bate ese record con un coeficiente de 0.50.
Veamos el tema ahora desde el punto de vista comparativo de las regiones del país, por provincias. Según cifras de 2017, el 63.3% del PIB del país lo genera la provincia de Panamá. En segundo lugar sigue Colón con 18.3%. En tercer lugar Chiriquí con 5.4%. De cuarto Panamá Oeste con 5.3%. Todos los demás 8.2%. Puesto de otra manera, la Zona de Tránsito (Panamá, Colón y Panamá Oeste) genera el 87% del PIB del país. Chiriquí es la única provincia del “Top 4” del PIB de Panamá, que no está vinculada a la tradicional Zona de Tránsito que viene siendo el motor del territorio, con sus altas y bajas, desde la colonia española.
Tenemos un sistema económico que es una fábrica de excluidos, una máquina de desigualdad que está frustrando a la gran mayoría, especialmente a los más jóvenes, porque no encuentran oportunidades. Este sistema está trabajando principalmente para un porcentaje bastante minoritario de la población que vive primordialmente en la Ciudad de Panamá. Está claro: el crecimiento no es sinónimo de desarrollo humano.
Como el circulante y las potenciales oportunidades están abrumadoramente ubicadas en la Zona de Tránsito, todo el que puede se muda para la Ciudad de Panamá y su periferia, sin que la Zona de Tránsito genere oportunidades para todos, sobre todo cuando vemos estadísticas serias que indican que la Ciudad de Panamá es la tercera ciudad de América Latina más cara para vivir.
Lógicamente que la delincuencia aumenta, sobre todo en esta economía post COVID con miles de desempleados adicionales, que para colmo ahora se estremece nuevamente por los desequilibrios de los precios mundiales derivados de la guerra de Ucrania y la crisis de los fletes, todo lo cual es muy grave para un pequeño país como el nuestro que lo importa casi todo.
Las consecuencias políticas y socioeconómicas de este escenario, es que el ejército de excluidos por estrato social o por provincias, solamente le queda al frente una piñata a la cual apuntar para tratar de capear el temporal. Esa piñata es el presupuesto general del Estado, alimentado mayoritariamente por deuda pública externa, el cual resulta el objetivo para extracción de recursos más a la mano (o el único) para muchos.
Claro, también hay que decir que en esta rebatiña no entran solamente los excluidos totales, porque los empresarios chicos, medianos o grandes, también le apuestan a lograr algo del tesoro público, para sobrevivir o compensar la falta de ventas en un mercado pequeño, con poca demanda y dominado por los oligopolios que la autoridad de defensa de la competencia no se atreve a tocar, porque tienen más poder que ella misma.
¿Con quién hay que hablar para sacar algún “salve” de la piñata del tesoro público? Con aquellos que controlan el gobierno (sea quien sea): partidos políticos, funcionarios de elección popular, funcionarios públicos nombrados, burócratas que hacen avalúos, traslados de partidas, titulan tierras o controlan los refrendos de la Contraloría. Hasta la novia de un funcionario bien ubicado se puede convertir en cadena de transmisión para el acceso al presupuesto. Hay mil caminos para llegar a Roma. Y en esos caminos cobran peaje. Los empresarios grandes, medianos y chicos lo saben y lo alimentan, siempre que la relación costo-beneficio lo justifique.
El Panamá de hoy se parece mucho a la España del Siglo de Oro, y no porque tengamos el equivalente de un LOPE DE VEGA o GÓNGORA entre nosotros, sino porque en esa época había en el medio social de la península una importante presencia de pícaros, gitanos, espadachines a sueldo y trepadores conectados en la corte.
En Panamá ese ejército de ciudadanos a la caza de su pedazo de presupuesto público, buscan nombramientos de US$1,500.00 en el IFARHU, sin lo cual probablemente no tendrían empleo; contratitos para hacer carreteras rurales para empresarios chicos de la construcción de Chitré o Santiago, que si no fuera por esos contratos no tuvieran clientes; consultorías para firmas de profesionales ensacados de la Ciudad de Panamá; contratos de alquiler para mudar la sede del MIVI en algún lugar de Chiriquí, a un local que de no ser por eso, nadie alquilaría; los rabiblancos consiguen exenciones de impuestos, contratos millonarios para sus compañías de tecnología, nombramientos para la hija en algún consulado de alguna ciudad de Estados Unidos, “para que aproveche la muchacha y estudie por allá”; concesiones de arena y piedra; los amigos de los Diputados logran cupos de taxi, libretas de lotería y hasta boletos de cortesía pagados por el Estado para ver algún partido importante.
Se combina la necesidad con el cinismo. Y cada 5 años se juega a la sillita, todos se levantan, le dan la vuelta a la fila de sillas y cuando escogen a la rosca del nuevo Presidente, suena la alarma y todos tratan de sentarse nuevamente, para darse cuenta que solamente los mimetizados sobreviven… y vuelve el ciclo otra vez.
Desde el punto de vista económico estamos ante un círculo vicioso muy parecido a la cotton culture del sur de los Estados Unidos, especialmente en la primera mitad del Siglo XIX: aumentaba la demanda por algodón en el mundo de forma explosiva, Estados Unidos tenía extensas tierras aptas para expandir las plantaciones y desarrollaron unas máquinas que hacían más eficiente el procesamiento del algodón. Todo se conjugó. Como consecuencia aumentó la necesidad de la mano de obra esclava en que se basaba el cultivo, con todos los vicios que se derivaban de ello.
En Panamá se necesitan polos de desarrollo en el interior, en Chiriquí, en Bocas, Darién y en el Colón rural; reducir los cinturones de pobreza que hay alrededor de la Zona de Tránsito, creando la motivación para que la gente tenga opciones en otra parte; se debe promover la inversión privada a lo largo de todo el país, de forma diversificada, que se dedique a actividades de explotación a fondo y tecnificada del sector agropecuario, el turismo, la industria y la agroindustria, de tal forma que se creen condiciones para que ni la gente humilde, ni los profesionales ni los empresarios dependan tanto del Estado. Mientras eso no se haga, se mantiene potente el mercado de clientes desesperados por conseguir alguna porción del presupuesto, lo cual alimenta la corrupción, porque para pellizcar algo del tesoro público, casi siempre se necesitarán intermediarios.
Un combate de impacto al problema de la corrupción, solamente se puede lograr tratando de reducir el número de clientes que la alimenta.
Generando alternativas de vida para la gente; promoviendo un sector privado que no sea como el actual, que está adicto al presupuesto público a punta de concesiones, subsidios y exoneraciones fiscales; tener la valentía de flexibilizar la legislación laboral que no está hecha para la realidad actual; romper con los oligopolios que limitan la competencia y nos ahorcan con precios altos; educar a la juventud para ser emprendedores y no empleados; provocar actividades económicas que hoy no existen y que generen empleos de calidad, teniendo siempre presente la introducción de tecnología, en armonía con el respeto al medio ambiente.
Empresarios con ventas aseguradas dentro del sector privado (sobre todo exportando) y personas económicamente activas que se sientan dignas porque tienen su propio negocio o ya tienen trabajo, reducirán enormemente la cantidad de gente que necesitará intermediarios para ir a arañar algo del presupuesto público. Esa es mi hipótesis. Claro está, si ello se combina con los cambios jurídicos necesarios para combatir la corrupción y gobiernos con dirigentes honestos y que tengan planes prácticos, que no estén contaminados de ideología, tendríamos esperanzas de ir reduciendo, poco a poco, el problema de la corrupción.
No soy tan ingenuo como para pensar que solamente generando equilibrio económico y oportunidades para la mayoría, podemos conjurar la tentación de utilizar las influencias para lograr extraer algo del presupuesto. La reciente confesión y condena de Nueva York nos demuestra que empresarios sin necesidades y con enormes recursos y oportunidades, igualmente pueden optar por el camino de la corrupción.
Sin embargo, no tengo la menor duda de que si logramos tener un país con una economía de mercado real, con un sector privado, profesional y de mano de obra que tenga su propia dinámica fortalecida y sea poco dependiente del presupuesto público, el nivel de corrupción deberá reducirse de forma importante, aunque obviamente jamás podrá ser erradicada.
Además, el otro efecto lógico de la reducción de la desigualdad de oportunidades es que, de esa manera, también podríamos reducir el mercado electoral para los populismos de toda índole que andan dando vueltas por la región, ninguno de los cuales nos aportaría beneficios. Y el que no piense que esto es un riesgo que ya existe en Panamá, solamente le pido que revise las encuestas electorales que ya empiezan a salir y se dará cuenta el peso que parecen tener las opciones de la demagogia, el personalismo, el cinismo y el populismo antidemocrático.
Conclusión:
Mi planteamiento no está pensado para respaldar ninguna campaña electoral y debe resultar aburrido para los que prefieren los discursos electoreros y simplistas. Lo comprendo, porque no hay nada mejor para alguien que solamente piensa en ganar una elección, que la gente crea que él o ella son los mesías cuya sola presencia en alguna posición de poder resolverá el problema de la corrupción… o cualquier problema.
Supongo que tampoco simpatizarán con mis planteamientos quienes, en vez de buscar una solución, prefieren concentrarse en buscar castigo y venganza de los “políticos tradicionales”, vistos como un grupo uniforme de forajidos, que para ellos personifican la corrupción.
Para los entusiastas del simplismo, debe ser decepcionante que cualquiera persona como yo, les venga a decir que el problema es más complicado que lo que habían pensado y que no se resuelve en un periodo presidencial ni cambiando figuritas.
La cruel verdad (al menos como yo la veo), es que lo que tenemos hoy ya tiene más de un siglo de estar construyéndose. No parece realista que se vaya a resolver por un salvador elegido por la providencia, sin mayoría en la Asamblea, sin carrera administrativa seria, en un periodo presidencial y dejando intacto el esquema socioeconómico que alimenta el clientelismo. Todos ayudamos a erigir este edificio. Todos tenemos que ayudar a la remodelación. Con diálogo. Para ello necesitamos en primer lugar entender bien el reto que tenemos que superar.
Como yo no estoy buscando votos, solamente escribo lo que pienso, sin las limitaciones que tienen los artistas o “influencers” que salen en la televisión o abundan en redes, quienes están obligados a vender uno u otro producto. Como ciudadano de a pie ya jubilado de la política activa, pero que he conocido bastante el aparato partidista y estatal por dentro, creo que mis comentarios podrían ser de utilidad
*El autor es Abogado en Panamá
