En una entrevista con este diario, el exdirector de la Dirección General de Ingresos Publio Cortés abogó por eliminar la herramienta, debido a que no está representando mayor recaudación para el país.
El exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI) Publio Cortés aboga porque se “elimine” el CAIR (cálculo alternativo de impuesto sobre la renta) y se “agilice” la factura electrónica, cuyo plan piloto se comenzó a implementar a inicios de este año, previo a la declaración de la pandemia, pero no terminó de aterrizar por la crisis.
En una entrevista con La Estrella de Panamá, Cortés, quien ocupó el cargo de director de la DGI de octubre de 2014 hasta abril de 2018, sustentó su propuesta de que se “elimine” el CAIR, porque realmente como está “no” representa mayor recaudación para la DGI, y por ende para el país.
Recordó que el CAIR se estableció en el año 2005 como una fórmula para recaudar, aunque fuera mínimo, de forma general, el impuesto sobre la renta (ISR) del Estado, pero “en los años recientes y, hoy, no es verdad que ayuda a aumentar la recaudación”.
De hecho, mencionó que durante los años fiscales que estuvo en el cargo como director de la DGI, el impacto recaudatorio del CAIR “no” fue relevante; y en su “humilde” opinión la realidad actual se debe a diversos factores acumulados a través del tiempo.
Indicó que la realidad de hoy es que la falta de efectividad del CAIR se debe a que cada vez son menos las personas que tributan, y la gran mayoría de los que aplican al CAIR piden que “no” se les aplique por diversos motivos, y por periodos cada vez más largos.
“Las peticiones de no aplicación del CAIR en los últimos años fiscales se aceptan en un 80% y hasta un 90% por la propia administración pública”, aseguró Cortés.
Incluso, la ley permite que sea entre 1 y 3 años fiscales subsiguientes y la tendencia dominante es conceder el máximo posible.
“La ley establece dos causales para evitar el CAIR, previo a un procedimiento administrativo por parte de la administración tributaria (DGI). Las causales de exclusión son: que el pago con CAIR conlleve a que la empresa quede en pérdida o si la tasa efectiva del impuesto excede la tarifa”, mencionó el entrevistado.
En ese contexto, Cortés considera que ahora con la crisis sanitaria, con mayor razón la mayoría de las empresas van a mostrar pérdidas y el país no va a quedar aplicando el CAIR, por lo que en su opinión, si no se va a usar realmente, “no” hay razón para mantenerlo vigente.
En cambio, piensa que la factura electrónica no solo es una alternativa, sino también una oportunidad para hacer frente a un montón de procesos que la administración tributaria hace hoy.
Cortés cree firmemente en que “hay que repensar toda la administración tributaria en torno a cómo van a cambiar las cosas cuando se tenga la factura electrónica”.
Pero para eso, insistió, “se tiene que tener primero la factura electrónica instalada, que ya está en plan piloto”; pero que a su juicio “tienen que meterle más el acelerador. Aunque sé que lo están haciendo, hay que ver que con esta crisis todo se ha afectado”.
Según Cortés, la factura electrónica ofrece ventajas tanto para los comerciantes como para los contribuyentes, porque se ahorra mucho dinero no solo en cuestiones de logística, en papel, sino también en sistemas de registro, sistemas de entrega y automatización contable.
Igualmente, la administración tributaria tiene más información en un tiempo más rápido, dijo Cortés, quien resaltó que la factura electrónica también favorece el comercio electrónico.
“La factura electrónica permite un manejo más transparente y más realista de lo que ocurre. La administración tributaria va a tener más información mucho más rápido y más confiable”, expuso Cortés.
Además, pueden utilizarse otros mecanismos de control por la vía tecnológica que hacen que el CAIR sea innecesario. “La relación entre compañías por la vía electrónica favorece el distanciamiento físico que se necesita ahora con la covid-19, porque estas se envían al e-mail”, resaltó Cortes, quien durante su administración inició el proyecto de la factura electrónica.
Respecto a sus expectativas de recaudación tributaria dijo que “es difícil” en estos momentos de crisis, porque las empresas no tienen “utilidades”. “Para el próximo año, la recaudación no va a mejorar de un día para otro”, previó.
Sobre porqué no se puso en marcha la factura electrónica durante su administración, Cortés explicó que se coordinó muy bien con la Cámara de Comercio y todos los sectores, con calma, pero “no” lo quisieron “acelerar” al final de la administración, porque iba a quedar “obligatorio” y se podría dar que el siguiente gobierno “no” lo continuara.
“No quisimos que esas etapas obligatorias (del proyecto de la factura electrónica) se hicieran al final de la administración, sino que quedara para la siguiente, de modo que la nueva evaluara cómo quería continuar (el proyecto) y cómo lo quería implementar. Pero si lo acelerábamos al final, iba a quedar obligatorio y podría ser entonces que el (nuevo) gobierno no lo siguiera y si no se continuaba ya no iba a tener utilidad”, afirmó.
En su discurso del primer año de gestión, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, dijo que giró instrucciones a la DGI para que todas las solicitudes que fueron presentadas y sustentadas cuenten con un periodo de autorización para no tributar en base al CAIR, de hasta de tres años.
A juicio de Cortés, lo anterior no significa que todas las solicitudes de no aplicación del CAIR serán aprobadas. Eso no podría ser porque la aprobación, según la ley, requiere de una labor probatoria caso por caso . Es decir, cada contribuyente debe acreditar su situación particular y eso “no” se puede considerar “aprobado” a priori, asumiendo de antemano que cualquier sustentación será válida.
“La realidad económica de la crisis apunta, como ya dijimos, a que aumentarán las peticiones bien sustentadas y justificadas, basadas en la pérdida para el año fiscal 2020”, manifestó.
Aunque Cortés consideró que el mandatario dio esta instrucción con toda la buena intención, si estuviera en la posición de darle una recomendación le sugeriría “promover la derogación del CAIR, por innecesario”; y “acelerar el proyecto de la factura electrónica, que ya ha adoptado la presente administración, toda vez que la crisis de la covid-19 ha demostrado la importancia de la tecnología”.
El Gobierno de Panamá comenzó a aplicar el proyecto piloto de la factura electrónica a inicios del pasado mes de febrero, previo a la covid-19.
El Decreto Ejecutivo No.115 del 30 de enero de 2020 adiciona la figura del proveedor de autorización calificado (PAC), que son las personas jurídicas que tienen permisos de la DGI para otorgar consentimiento de uso sobre la factura electrónica a contribuyentes que utilicen sus servicios.
En otras legislaciones, los PAC son proveedores electrónicos autorizados de certificación, proveedores tecnológicos u operadores de servicios; una figura ampliamente utilizada en aquellos países más avanzados en el uso de la factura electrónica.
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